Los esfuerzos de Cristina Fernández de Kirchner por quitarle el estigma del default a la Argentina no parecen ser parejos. Como si la eventual cesación de pagos, por culpa del Estado, no fuera a afectar la ya menguada credibilidad del país en un mundo al que pretende volver a pedir plata e inversiones. Es el caso de Metrogas, que el Gobierno se empeña en ignorar. Ante la falta de ajuste en las tarifas, congeladas desde 1999, la empresa volvió a advertir ayer sobre la posibilidad de caer en cesación de pagos.
Los motivos no cambiaron: además de la falta de actualización en las tarifas, suben los costos para hacer frente a las operaciones. Hay un acuerdo para subir tarifas, pero está frenado porque el Gobierno pretende que uno de sus accionistas, British Gas, levante el juicio que inició al país en el Ciadi en 2002, motivo por el cual la empresa presentó en febrero un amparo ante la Justicia.
Ayer, la empresa advirtió en una nota enviada a la Bolsa sobre la posibilidad de no poder hacer frente al pago de un pasivo que ya había sido sorteado en diciembre pasado. En ese momento, logró eludir el default pagando una deuda de u$s 10 millones con aportes de sus accionistas British Gas e YPF, que tienen 54,67% y 45,33% de Gas Argentino, sociedad que controla 70% de Metrogas. Los ingleses tienen el management, pero la familia Eskenazi no está al margen e intenta mantener la hornalla encendida buscando, por un lado, convencer a los socios de no caer en default y por otro, al Gobierno para destrabar el ajuste tarifario.
Al 31 de diciembre pasado los pasivos bancarios y financieros de corto plazo de la empresa sumaban $82,7 millones, mientras los de largo plazo ascendían a $837,8 millones.
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