El Gobierno argentino anunció que ofrecerá la emisión un bono por 6.500 millones de dólares para saldar su deuda con el Club de París.
Así lo informó el Gobierno en un parte de prensa difundido a través de la página web de la Presidencia de la Nación, donde se señala que la iniciativa le fue adelantada a representantes de finanzas de la Embajada de Francia por el ministro de Economía, Amado Boudou (foto), durante un reunión que se realizó ayer en el Palacio de Hacienda.
La operación requeriría del visto bueno del Fondo Monetario Internacional, aunque una vocera del organismo multilateral aclaró desde Washington durante la habitual conferencia de prensa quincenal de los jueves que: "por el momento no tenemos planes definidos para (realizar una revisión de la economía conforme al artículo".
La iniciativa del bono para regularizar la deuda impaga con el Club de París será presentada por Boudou en Saint Andrews, Escocia, donde participará en la reunión del G-20.
Allí estarán los representantes de los países que componen el Club, con quienes el ministro discutirá esta alternativa. Boudou buscará además dialogar con el titular del FMI, Dominique Strauss Kahn, para acercar posiciones en la búsqueda de una normalización de la relación entre la Argentina y el organismo.
"El titular de la cartera económica ofreció emitir un bono del Gobierno por el monto total de la deuda, con una amortización similar a la de los vencimientos planificados", dice el sitio oficial.
En otro orden, el Ministerio de Economía informó que el juez neoyorquino Thomas Griesa "dictó una medida a través de la cual impidió que los denominados fondos buitres puedan acceder a información sobre la oferta del canje de deuda que emprendió la Argentina".
En este mismo orden, Economía enfatizó a través de un comunicado de prensa que dichos fondos "no podrán tener ningún tipo de información relacionada con los términos de la oferta y pagos a los bancos".
El fallo de Griesa también impide el acceso a "todo documento relacionado con la comunicación entre bancos, de los tenedores de bonos, de la US Securities and Exchange Comission (Comisión de Valores de los Estados Unidos) y declaraciones de los empleados de los bancos".
"Los argumentos esgrimidos por Griesa se sustentan en que las negociaciones del canje aún están en curso y que si se revela información, ésta podría interferir con las negociaciones emprendidas”, agrega el comunicado.
La medida obedece a que , pese a la media sanción de la suspensión temporal de la denominada Ley Cerrojo, que impedía la reapertura del canje de deuda, con amplia mayoría de la Cámara de Diputados, todavía no se pueden difundir los detalles de la eventual propuesta de reapertura de la reestructuración de los bonos pendientes de regularización.
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