Dilema para la Argentina: sin FMI no hay más G-20

El G-20 puso a la Argentina ante un dilema, al establecer este fin de semana que todos los países integrantes del grupo deben aceptar un control recíproco de sus economías. Y se eligió al Fondo Monetario Internacional (FMI), junto a otros organismos multilaterales, para efectuar la tarea de recopilación de información y estadísticas de cada economía, algo a la que el Gobierno de Buenos Aires se viene resistiendo. El dilema consiste en que o se acepta someterse a los controles o se deberá abandonar la silla en el G-20, uno de los foros más influyentes hoy en el concierto de política económica y financiera internacional.
Los plazos acordados por los ministros de Economía y banqueros centrales del G-20 (foto) que se reunieron en St. Andrews, Escocia, son muy específicos: antes de febrero el FMI tendrá que presentar los resultados de los relevamientos estadísticos.
La decisión no es caprichosa ni una chicana para el gobierno Kirchner. La razón para las auditorías es que el documento elaborado este fin de semana establece un marco para el crecimiento fuerte, sustentable y balanceado, y los Estados firmantes –entre los que está la Argentina– acordaron adoptarán políticas de acuerdo a esos objetivos. Antes de que termine enero, deberán establecer políticas nacionales y regionales, programas y proyecciones económicas, que serán controladas por el propio G–20. El FMI y el Banco Mundial, entre otras instituciones, compilarán los datos de los países. Y no aceptar esta revisión dejaría al país fuera del grupo.
Argentina tiene una salida porque en realidad no debe someterse a una revisión del tipo del artículo IV, sino de un control menos profundo, cuyo objetivo es el de evitar que se produzcan desequilibrios a nivel global. Es decir, lo que tendría que hacer la Argentina es aportar información a los organismos multilaterales sobre las medidas de estímulo contracíclicas para que éstos la analicen, aunque las decisiones serán tomadas en última instancia por el G–20. Quizás sea una variante políticamente aceptable para retomar las relaciones con el FMI y regresar a los mercados de crédito en el primer trimestre de 2010.