A partir de septiembre las empresas argentinas no podrán contratar directamente reaseguros en el exterior sin una autorización de la autoridad de regulación. La medida se justifica en el marco de la prevención del lavado de dinero pero en el mercado se la asocia con un intento de limitar la salida de limitar la salida de capitales luego de que en el primer semestre del año la formación de activos externos alcanzara 9.800 millones de dólares.
La excepción que pemite reasegurar en el exterior es cuando la autoridad considere que la magnitud y las características de los riesgos no puedan ser cubiertos en el mercado local.
Según reveló a Reuters una fuente de la Superintendencia de Seguros de la Nación, hay unas 10 reaseguradoras locales en condiciones de operar a partir del 1 de septiembre. Y el titular del organismo, Francisco Durañona y Vedia (foto) , había señalado que la resolución "apunta a la prevención de lavado de activos y a la lucha contra el financiamiento del terrorismo, además de fortalecer posibilidades de cobro y de tener una fiscalización efectiva".
Según analistas del sector, durante 2010 las primas abonadas a reaseguradoras en el exterior ascendieron a 1.155 millones de dólares, mientras que los pagos recibidos fueron de u$s 545 millones: un saldo negativo de u$s 610 millones.
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