Confiado en que la mejora en la recaudación se mantendrá en los próximos meses, el Gobierno empezó a gastar a cuenta y, quizás para ganarle a la oposición en el debate por el pago del 82% a los pasivos, ayer anunció un aumento de 16,9% en las jubilaciones a partir de septiembre. Como César, que premiaba en público y castigaba puertas adentro, siendo una medida de repercusión favorable y popular el anuncio corrió por cuenta de la Presidente Cristina Fernández. Se completó con un incremento de 180 a 220 pesos en la Asignación Universal por Hijo, que desde octubre había perdido más de 30% de su poder de compra por efecto de la inflación en alimentos y bebidas.
Para un Gobierno que dice que no hay fondos para cumplir la sentencia judicial de pagar el 82%, resulta llamativo el costo fiscal del ajuste concedido ahora. Las mejoras alcanzan a 6.326.543 jubilados y pensionados, y según admitió el propio ministro de Economía, Amado Boudou, el impacto del aumento es de 1.096,41 millones de pesos mensuales, o 14.253,33 millones de pesos anuales, que se agregan al gasto público. El incremento del subsidio al hijo es para 3.684.441 niños, lo que representa una erogación anual adicional de $ 1.768,8 millones, a lo que hay que agregar el impacto del aumento en la asignación familiar por hijo, que son otros 1.966,8 millones.
El universo de beneficiarios es de casi 14 millones de personas y el mayor costo fiscal, o “inversión social adicional”, como prefiere llamarla Boudou, es de $ 17.988,45 millones, equivalentes a 1,35% del PBI.
La incógnita es si este mayor compromiso asumido podrá ser financiado de manera genuina. Hasta mayo la recaudación impositiva dio resultados sorprendentemente elevados, consecuencia de buenos meses de consumo y del impuesto a las Ganancias. Pero hay dudas para el tercer trimestre, a raíz de la escasez de energía que significó cierta parálisis en industrias y al agotamiento en el consumo de electrodomésticos. El aumento interanual de 23,8% de las compras en centros comerciales en junio apenas reflejó el aumento de precios, ya que está en línea con la inflación que miden los consumos no básicos, o premium.
Y en lo que hace a recaudación del comercio exterior, están en juego ingresos por u$s 8.000 millones anuales. En agosto vence la delegación de facultades del legislativo al PEN, que de no renovarse regresa al Congreso la potestad de decidir en más de 1.900 temas, entre los cuales está el polémico de las retenciones a las exportaciones.
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