Néstor Kirchner tiene razón: no hay plata para pagar el 82% que manda la ley a los jubilados. Pero, claro, la razón también la tiene el ex ministro Roberto Lavagna, que dice que sí se puede.
La diferencia entre ambas posturas es que el ex presidente quiere que los fondos salgan de la ANSeS, o de los futuros aportes de trabajadores y empresas, mientras que el ex ministro sugiere una obviedad: reducir subsidios que muchos consideran innecesarios o que no van a donde corresponde.
De un total de 45 mil millones de pesos anuales, Lavagna estima que se pueden recortar unos 20 mil millones de pesos, solamente bajando los aportes a las empresas públicas y ajustando las tarifas de energía y gas. Esto no está entre los planes del Gobierno, que utiliza a las tarifas congeladas como ancla contra la inflación.
Un cálculo reciente estima que la mayor demanda de gas y electricidad que vino con los primeros fríos obligó a importar los fluidos de Bolivia (gas), Paraguay y Brasil (electricidad), más dos buques regasificadores de gas licuado que operan en Bahía Blanca (foto). Las inversiones fueron insuficientes y la producción local no alcanza para cubrir la demanda de una economía que crece a un ritmo de 10% anualizado. El costo de la imprevisión para el país fue calculado en unos 2.300 millones de dólares, equivalentes a $ 10.000 millones, que podrían haberse destinado a otros fines, como por ejemplo, achicar la deuda con los pasivos.
Técnicamente es impecable la decisión de no financiar el pago del 82% con recursos ajenos a los de la ANSeS. Pero entonces alguien podría decir que no es muy prolijo usar los fondos de la seguridad social para financiar consumo como ocurrió con la llamada política anticíclica de 2009. Otro `podría argumentar que el 82% fue dispuesto por ley, mientras que los subsidios y el uso de los fondos de la ANSeS son decisiones administrativas del Ejecutivo.
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