Confirmado: sigue el corte, nadie hace nada ¿y ahora qué?

Una enorme sensación de desamparo debe invadir al ciudadano común a partir de la insólita actitud del Gobierno frente a la persistencia del corte de ruta en Gualeguaychú. La Justicia ordenó desalojar a los asambleístas, por tercera vez ya desde 2006, pero los manifestantes no se inmutaron. Es más, aseguraron ante cualquier micrófono que no se van a ir, que el corte seguirá y que resistirían pacíficamente (¿¡!?). Desde temprano se esperaba una respuesta acorde de parte del Poder Ejecutivo: ejecutar lo que dice la Justicia. En otras palabras, enviar a las fuerzas de seguridad, en este caso la Gendarmería, para desalojar la ruta 136, permitir el paso y terminar con un absurdo que llevó al ridículo internacional a la Argentina.
En vez de eso, ocurrió algo inquietante: el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que el Gobierno decidió presentarse como querellante en la causa y denunciar a los ambientalistas y adujo que esa decisión fue tomada porque la vocación del Gobierno es "no reprimir" y porque el fallo de la Justicia que ordenó el desalojo de la ruta 136 "es de cumplimiento imposible".
Señores: si la Justicia dice “desaloje” y no se van, hay que desalojarlos y eso le corresponde al Ejecutivo que es el comandante de las fuerzas de seguridad. No hay antecedentes de que se pueda ejecutar una orden judicial llamando a un psicólogo o querellando y denunciando. El rol del Gobierno ahora es, aunque no les guste la palabra, reprimir a los bien llamados sediciosos de Gualeguaychú.
La denuncia penal "con nombre y apellido" de asambleístas, según Fernández es por las figuras de "entorpecimiento del funcionamiento del transporte público"; "homicidio culposo"; "amenazas"; "amenazas agravadas"; "daños a bienes públicos"; "instigación a cometer delitos"; "instigación pública"; y "apología del delito". Además inició una demanda civil contra los vecinos que componen la Asamblea Ciudadana Ambiental por los perjuicios que causó el corte a comerciantes, el turismo y al comercio exterior. También se los querelló por "delitos que comprometen la paz y la dignidad nacional"; "atentado al orden constitucional y a la vida democrática"; "sedición"; "atentado y resistencia contra la autoridad" y "encubrimiento".
Fenómeno. Qué va a pasar cuando la Justicia de nuevo le diga: Sr. Fernández, tiene razón, son todos culpables, vaya y métalos presos. Si persistieran en su actitud, como es de prever, otra vez tocará reprimir. Como el Gobierno no reprime, vuelta a empezar, mientras los sediciosos se harán más fuertes y cualquier audaz puede sentirse tentado a tomar o cortar impunemente lo que se le ocurra. El colmo del grotesco es que el ministro de Justicia, Julio Alak había asegurado por la mañana que se enviaría a la Gendarmería para hacer cumplir la decisión judicial.
Si había una sensación de desamparo frente al delito y la inseguridad, ahora se convierte en una realidad manifiesta: quedó demostrado que en la Argentina de hoy cualquiera puede hacer lo que se le cante sin importar la ley y el orden, desde cortar una calle o una autopista para reclamar por falta de gas o para resolver una interna gremial o lo que sea. Total, no pasa nada. Y por ahí hasta resuelven el problema, validando el método. Muy grave y ciertamente inquietante.