Ante la crisis institucional desatada por el polémico Fondo del Bicentenario, el Gobierno redobló la apuesta y recurrió a un nuevo decreto de necesidad y urgencia para remover a Martín Redrado de la presidencia del Banco Central. Además le presentó querella por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Mientras Redrado se reúne en su domicilio con los abogados para presentar acciones judiciales, asumió en su reemplazo el vice, Miguel Angel Pesce (foto), un radical K cercano al titular de ADEBA, Jorge Brito. Pesce no tardó un minuto y ya ordenó transferir los u$s 6.560 millones de las reservas al Tesoro. Al parecer esta podría ser su única contribución al frente de la autoridad monetaria, ya que el ministro Amado Boudou aseguró que Mario Blejer será el próximo presidente del Central. Dudaba, pero si el trabajo sucio lo hace Pesce, no tendría problema en asumir. Habrá que ver cuál sería su actitud cuando desde el Ejecutivo le pidan otros 6.000 millones de dólares y a cambio un vale a cobrar dentro de diez años.
La atropellada seguidilla de medidas oficiales de dudosa legalidad tiene una razón: la caja está exangüe. No hay pagos inminentes de la deuda que justifiquen la necesidad ni la urgencia para transferir los recursos que respaldan los pesos emitidos. El Tesoro necesita los fondos para pagar gasto corriente. Y no podía esperar, porque el Congreso se autoconvocó para el 20 de enero y está en condiciones de voltear el DNU que habilitaba la utilización de los fondos. Sin embargo, la jueza en lo contencioso administrativo, María José Sarmiento dictaría una medida cautelar que suspendería la aplicación del decreto 2010/09 hasta que se reúnan los legisladores. Habrá que ver si los tiempos de la Justicia tienen en cuenta la realidad: si el fallo ve la luz una vez que los fondos hayan sido girados al Tesoro, dejará de tener sentido práctico.
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