A partir de agosto regirán nuevas normas para transferir fondos desde o hacia el exterior del país. El Banco Central dispuso que las entidades autorizadas a operar en cambios deberán pedirle a sus clientes que incluyan información completa respecto del ordenante, nombre completo o denominación social, domicilio o número de identidad nacional o CUIT, y número de identificación del cliente.
La medida se enmarca en la actualización de las normas internacionales en relación con el control del lavado de dinero, pero también con la lucha contra la evasión tributaria, ya que la información recopilada servirá para cruzarla con las bases de datos del Central, de la AFIP y de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Un objetivo no declarado por las autoridades es la de desalentar la salida de divisas, que en el último año y medio superó los 30.000 millones de dólares. Claro que, si bien puede ser efectiva en este sentido, también complica al país en cuanto a otra variable clave: la inversión, necesaria para volver a tasas de crecimiento positivas y generación de empleo.
Desde el 1 de junio el país dejó de ser un mercado emergente para descender a la categoría de mercado de frontera, o “frontier market”,en la categoría que elabora Morgan Stanley y que es tenida en cuenta por los inversores de todo el mundo como un indicador de la calidad de las normas y de las instituciones de un país. Entre las razones por las que se degrada a una nación está la de dificultar o no favorecer la libre entrada y salida de capitales. La palabra “frontier” puede ser asociada a “border”, que en psicología se usa para definir a aquel que sufre desequilibrios constantes, estados límite y trastornos agudos de personalidad.
Lo que le dice esta categoría del MSCI al inversor es que si decide colocar su dinero en alguno de los 24 países listados, lo hace bajo su responsabilidad y riesgo. Entre esas naciones se cuentan, además de Argentina, Bulgaria, Croacia, Kazastan, Kenia, Tunez, Sri Lanka y Vietnam, entre otros.
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