El GAFI mantiene la lupa puesta en Argentina

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) rescató el alto grado de compromiso expresado por el Ministro de Justicia argentino y el plan de acción preliminar presentado por el Gobierno, pero al mismo tiempo expresó su preocupación por el gran número de importantes deficiencias respecto de las normas anti lavado de dinero y lucha contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT) pendientes y manifestó que espera que la Argentina realice progresos sustanciales para hacer frente a estas deficiencias antes de junio de 2011, en particular en la tipificación como delito de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Esto sucedió en la reunión del GAFI realizada en París entre el 23 y el 25 de febrero, en las que se acordaron varias medidas para proteger el sistema financiero internacional, entre las que se cuentan:
1) identificar las jurisdicciones que puedan suponer un riesgo para el sistema financiero internacional.
2) mejorar las normas globales de cumplimiento ALD/CFT.
3) presentar una declaración sobre los progresos realizados por la Argentina para hacer frente a las deficiencias detectadas en la evaluación mutua de octubre de 2010.
El Presidente del GAFI, Luis Urrutia Corral (foto) presidió una reunión por separado con expertos en anti-lavado de dinero en el uso de las medidas ALD/CFT en la lucha contra la corrupción.
Argentina presentó su informe en la reunión y el GAFI señaló que trabajará en estrecha colaboración con el país y examinará los próximos pasos a seguir en el contexto de la mejora del proceso para aquellos miembros cuyo cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI sea insuficiente.
La presidente Cristina Fernández de Kirchner se refirió al tema en el discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, instando a los legisladores a aprobar las normas necesarias para evitar las sanciones del organismo internacional, a quienes, junto al Poder Judicial, responsabilizó por las eventuales derivaciones, olvidando quizás que recientemente el Ejecutivo impulsó y puso en marcha un generoso blanqueo de capitales, que solo atrajo unos 4.000 millones de dólares y estuvo sospechado de haber sido diseñado a medida de algunos pocos beneficiarios.